NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACIÓN

            Mañana 1 de enero de 2013 entrará en vigor el nuevo Reglamento de Facturación.  Una de las principales novedades que incorpora es el establecimiento, en lo sucesivo, de un doble sistema de facturación, en el que se distinguirá entre factura completa u ordinaria y factura simplificada, la cual viene a sustituir a los tickets que conocíamos hasta ahora.

Factura completa u ordinaria: Corresponde a la actual factura. La información que deberá incluir es la misma que las actuales facturas, adicionando determinada información en los siguientes casos:

A) En operaciones exentas de IVA, inclusión del precepto de la Ley en el que se establece la exención.

B) En caso de que la factura la emita el destinatario por un acuerdo con el proveedor, se hará mención de “facturación por el destinatario”.

C) En caso de que el sujeto pasivo del IVA sea el adquirente o destinatario, se hará mención de “inversión del sujeto pasivo”.

La factura simplificada (que sustituye a los actuales tickets), tiene un contenido más reducido que la completa y deberán contener los siguientes datos o requisitos:

• Número y serie correlativos. Al igual que en la factura ordinaria, podrán expedirse series distintas si existe una causa justificada, como ocurre cuando se cuenta con distintos establecimientos de negocio o cuando se realizan operaciones de distinta naturaleza. También se emitirá otra serie para las facturas simplificadas rectificativas o para las expedidas por el destinatario de la operación o un tercero.
• La fecha de expedición.
• La fecha en que se han realizado las operaciones o en que se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
• Nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal del obligado a su expedición.
• Descripción del servicio prestado o de los bienes entregados.
• Tipo impositivo aplicado, incluyendo de manera opcional la expresión “IVA incluido”. Si se hubieran aplicado distintos tipos de IVA, se indicarán las bases imponibles de forma separada.
• Contraprestación total.
• En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.

           

            La factura simplificada deberá contener una serie de datos adicionales cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija o cuando sea un particular y lo exija igualmente para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. En estos casos se incluirá el Número de Identificación Fiscal y el domicilio del destinatario, así como la cuota tributaria consignada por separado.

MOROSIDAD

            La empresa especializada en información comercial INFORMA, ha publicado su informe correspondiente al tercer trimestre del 2012, en el que analiza el comportamiento de los plazos de pago, tanto de las empresas españolas como de la Administración pública.

            Es preciso recordar que el plazo de pago exigido por Ley contra la morosidad es de 75 días en el sector privado, y 40 para la administración pública. En el caso de las empresas solo el 40,08 € de las empresas cumple los plazos legales, situándose el promedio en 80,12 días frente a los 75 exigidos.

            En cuanto a la administración el plazo alcanza los 71,84 días, incumpliendo flagrantemente los 40 días exigidos por la norma.

            El comportamiento en pagos está también condicionado por el tamaño de las empresas. Así, las Micro y Pequeñas empresas pagan puntualmente en un 45,83% y 37,63% de los casos, respectivamente; mientras que las Medianas y Grandes empresas lo hacen en el 22,46% y 9,09%. Es llamativo observar como las empresas que más están sufriendo esta crisis y más seco tienen el grifo de la financiación, las PYMES, son las que mejor pagan, en cambio, las grandes,  y la Administración son las que tardan más en pagar.

            En resumidas cuentas la realidad pone de manifiesto que la Ley contra la morosidad es un brindis al sol, que solo cumple una minoría de las empresas y casi ninguna administración. Esta creencia de muchos agentes económicos,  de que pagar las facturas a tiempo, es una idea meramente orientativa nos sale muy caro. Según INFORMA le cuesta al tejido empresarial 2.453 millones de Euros.  Y este estudio habla únicamente de los que pagan, no de los impagos definitivos. Pero esa es otra historia.

RÉGIMEN DE MÓDULOS PARA 2013

               Continuamos recordando cambios legislativos publicados recientemente y que entrarán en vigor el próximo 1 de Enero.

Con efectos desde el 1/1/2013, la Ley 7/2012 (BOE 30/10/2012) introduce novedades para los contribuyentes del IRPF que tributan por módulos, excluyendo de este régimen para 2013  a determinados contribuyentes.

Resumen de las novedades:

*Para los epígrafes de las actividades de transporte de mercancías por carretera (epígrafe 722 IAE) y de servicios de mudanzas (epígrafe 757 IAE)  se han modificado los límites y las ventas no pueden sobrepasar los 300.000 Euros en el año anterior.

*Actividades como; Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y de artículos de cerrajería, ferretería, tornillería etc. Producción en serie de prendas de vestir y pequeños trabajos de construcción de fontanería, frío, calor, etc. Cerrajería de cualquier tipo y revestimientos de edificios y locales (que son los obligados al 1% de retención):

-50.000 euros anuales, siempre que además represente más del 50% del volumen total de rendimientos íntegros correspondiente a las citadas actividades.

-225.000 euros anuales

Cálculo del rendimiento neto

            El rendimiento neto se calculará de acuerdo con lo dispuesto en la Orden que desarrolla este régimen, multiplicando los importes fijados para los módulos, por el número de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad, o bien multiplicando el volumen total de ingresos, incluidas las subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el índice de rendimiento neto que corresponda cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

            La cuantía deducible por el concepto de amortización del inmovilizado será exclusivamente la que resulte de aplicar la tabla que, a estos efectos, apruebe el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, para 2012.

Tabla de amortización en estimación objetiva (excepto actividades forestales)

Grupo	Elementos patrimoniales	Coeficiente lineal máximo (%)	Período Máximo (Años)
1	Edificios y otras construcciones	5	40
2	Útiles, herramientas, equipos para el tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos	40	5
3	Batea	10	12
4	Barco	10	25
5	Elementos de Transporte y resto de inmovilizado material	25	8
6	Inmovilizado intangible	15	10
7	Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino	22	8
8	Ganado equino y frutales no cítricos	10	17
9	Frutales cítricos y viñedos	5	45
10	Olivar	3	80

             Si se cumplen los requisitos establecidos se minorará por el ejercicio de determinadas actividades económicas.

Obligaciones contables y registrales

            Es obligatorio conservar las facturas emitidas y las recibidas así como, los justificantes de los módulos aplicados.

            Si se practican amortizaciones deberá llevarse, el libro registro de bienes de inversión.

            En actividades cuyo rendimiento neto se calcula en función del volumen de operaciones, (agrícolas, ganaderas, forestales y de transformación de productos naturales), deberá llevarse, libro registro de ventas o ingresos.

Transmisión de elementos patrimoniales afectos

            La transmisión de elementos patrimoniales afectos, pertenecientes al inmovilizado material o inmaterial de la actividad económica, cualquiera que sea el método de determinación del rendimiento, origina ganancias o pérdidas patrimoniales que no se incluyen en el rendimiento neto de la actividad. La cuantificación de su importe y su tributación efectiva se realizará de acuerdo con las reglas aplicables para las ganancias o pérdidas patrimoniales en la normativa del IRPF.

            En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión a terceros de capitales propios. Por tanto, los rendimientos que produzcan tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario y no se incluyen en el rendimiento neto de la actividad.

MEDIDAS ANTIFRAUDE

            El pasado 31 de octubre entró en vigor  una batería de medidas antifraude fiscal, dirigidas fundamentalmente a las sociedades mercantiles. Como cada viernes se produce un auténtico aluvión de cambios, hemos considerado oportuno incorporar un pequeño resumen a título de recordatorio.

1-SOCIEDADES

            En el caso de disolución y liquidación de sociedades, se amplía la responsabilidad de los socios a las cantidades percibidas en los dos años anteriores. Se implanta la prohibición de disponer de los inmuebles en sociedades cuyas participaciones o acciones estuvieran embargadas por la agencia tributaria. Una muestra de la furia legislativa que estamos viviendo, es que se crea una nueva sanción para los contribuyentes que presenten una declaración en papel estando obligados a presentarla telematicamente.

            Se modifica la  tributación por el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el caso de venta de acciones o participaciones de sociedades cuyo activo estuviera formado, en más del 50%,  por inmuebles y supusiera el control de la sociedad. A partir de ahora, estas operaciones solo tributarán si los inmuebles no están afectos a una actividad empresarial.

2- BIENES EN EL EXTRANJERO

            Se obliga a los contribuyentes que tengan bienes en el extranjero con un valor superior a 50.000 €, a presentar una declaración antes del día 30 de marzo de 2013. La consecuencia de no hacerlo será considerar esas rentas como ganancias de patrimonio no justificados.

            Es evidente que esta medida no tendrá aplicación efectiva si los bienes están depositados en un paraíso fiscal, porque para eso existe el secreto bancario.

PAGOS EN METÁLICO

            Se prohíbe el pago en efectivo de cantidades superiores a 2500 €, cuando alguna de las partes sea empresario o profesional.

MÓDULOS

            Se excluye de este régimen a los transportistas que hayan facturado más de 300.000 € en el ejercicio anterior, y a los gremios de construcción que hayan facturado más de 225.000 € a profesionales y empresas. Esta cantidad se reduce a 50.000 € en determinados supuestos.

IVA

            Se produce la inversión del sujeto pasivo, o lo que es lo mismo, se traslada la obligación fiscal del impuesto, de los promotores a los contratistas y subcontratistas, en el caso de ejecuciones de obra. En definitiva, el promotor no pagará IVA a los contratistas, los cuales si que seguirán abonándolo a sus proveedores. Desconocemos si esta ventaja fiscal tiene algo que ver con el hecho de que la banca sea el primer y casi único promotor inmobiliario nacional.

FIN DE PLAZO PARA LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL

            Hoy 30 de noviembre de 2012 finaliza el plazo de presentación e ingreso de la declaración tributaria especial, tanto de la declaración inicial como, en su caso, de las complementarias que pudieran efectuarse.

            Este es el resumen de las características, presentación y consecuencias de esta declaración.

            ¿Quién puede presentar la declaración tributaria especial? los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de los bienes o derechos. No podrá presentar la declaración tributaria especial cuando previamente se haya iniciado un procedimiento de comprobación o investigación sobre esos bienes o derechos o sobre los titulares de estos.

            ¿Qué se puede declarar? Podrá ser objeto declaración tributaria especial cualquier bien o derecho cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas y que se hayan adquirido en una fecha anterior a 31 de diciembre de 2010.

Los bienes o derechos objeto de declaración se declararán por su valor de adquisición.

Las cantidades depositadas en cuentas abiertas en entidades se declararán por el importe total del saldo a 31 de diciembre de 2010.

            ¿Cuánto se tiene que ingresar? el 10 por ciento del importe que resulte. 

            ¿Qué sucede después de la declaración? Las personas o entidades que presenten la declaración y realicen el ingreso correspondiente regularizarán su situación tributaria.

            Se deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario del modelo 750 de Autoliquidación y documento de ingreso por vía telemática en la dirección electrónica de la AEAT. El declarante o presentador deberá conservar la declaración aceptada y el documento de ingreso debidamente validados con el correspondiente Código Seguro de Verificación.

LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO

El pasado día 19 de noviembre entró en vigor el artículo 7 de la Ley 7/2012 “Intensificación de las Actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”. A partir de ese momento no se puede pagar en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional con un importe igual o superior a 2.500 Euros.

            Para determinar el importe, se sumarán todas las cantidades en que se haya podido fraccionar el precio de la entrega del bien o la prestación del servicio.

El efectivo al que hacen referencia es:

            a) El papel moneda y la moneda metálica.

            b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

            c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

            Es decir, que a partir de este momento, no se podrán pagar en efectivo, ni con talones al portador, ni por ningún otro medio donde no queden bien identificados el pagador y el cobrador, ninguna factura superior a ese importe.

            Las sanciones ascenderán al 25% del importe pagado en efectivo y serán responsables solidariamente el pagador y el cobrador.

            También a partir de ahora, los justificantes de pago de todas aquellas operaciones que no puedan pagarse en efectivo, es decir, cuando sean de más de 2.500 Euros, tendrán que guardarse durante 5 años desde la fecha del pago.

LA ENORME INJUSTICIA DE LA LEY DE TASAS

            Anoten esta fecha: 22 de Noviembre del 2.012, porque es el día en que entra en vigor la nueva ley de tasas y también el día en que los ciudadanos de este país, si no se enmienda la norma,   dejaremos de tener libre acceso a la Justicia.

            Los importes más relevantes son los siguientes:

            En el orden civil:

Verbal                                                150€

Ordinario                                           300€

Monitorios                                         100€

Ejecución extrajudicial                     200€

Concurso necesario                        200€

Apelación                                          800€

Casación                                       1.200€

 

            En el orden contencioso-administrativo:

Abreviado                                         200€

Ordinario                                          350€

Apelación                                         800€

Casación                                       1.200€

            En el orden social:

Suplicación                                       500€

Casación                                          750€

Además se añadirá el 0,5% de la cantidad objeto de disputa hasta 1.000.000€ y el 0,25% por la cantidad que exceda de dicha cifra.

            Los importes son tan grandes que muchos ciudadanos y empresas van a ser disuadidos de interponer demandas y recursos por la sencilla razón de que las tasas lo harán inviable, especialmente en los asuntos de pequeña cuantía. Este y no otro parece el objetivo principal de la Ley.

            Es evidente que si los costes de interponer un procedimiento, o recurrir una resolución injusta, son superiores a la cantidad objeto de disputa, el pleito no se va a interponer. Sin embargo, eso no va a suceder en las reclamaciones de cantidades importantes porque ahí sí que se maneja un porcentaje que no hace inviable el procedimiento.

            Si este disparate legal no se modifica, muchos ciudadanos van a ser privados del acceso real a la justicia, pero eso sí, harán sitio para que se puedan dirimir con la debida atención los pleitos de cuantías importantes, como por ejemplo los interpuestos por entidades financieras o compañías de seguros.  

EL FUTURO DEL OUTSOURCING

            En la década de prosperidad que va de 1.997 al 2.007 las PYMES, a medida que ganaron tamaño, fueron aumentando su estructura interna de recursos humanos, incorporando diversas funciones y personas que iban desde la elaboración de nóminas, al control financiero, la contabilidad, la logística o el transporte. Esta dinámica despistó a muchos empresarios de cual era la misión fundamental de la empresa y, en última instancia, contribuyó a la pérdida de eficiencia empresarial. Dedicar la atención a tareas que no aportan valor provoca, de forma ineludible, pérdida de competitividad.

            En un entorno tan recesivo como el actual, las empresas necesitan concentrar sus esfuerzos en el núcleo de la actividad de la empresa, en aquellas tareas en las que reside su diferenciación y que son generadoras de valor añadido. Para ello, las empresas recurren cada vez más al outsourcing o externalización de procesos, delegando en empresas de servicios especializadas la gestión de ciertas actividades. El outsourcing aporta optimización de costes, mayor capacidad de adaptación al cambio, mejora de la calidad del proceso, flexibilidad y rapidez.

            Pero hay que estar seguros de que procesos se pueden externalizar y cuales no. Los procesos o actividades susceptibles de externalización deben de cumplir las siguientes condiciones:

Ø      Que no pertenezcan al centro de la actividad de la empresa.

Ø      Que posean autonomía operativa.

Ø      Que la dirección y el control lo realice la empresa externa.

                  Actualmente es posible externalizar con empresas especializadas una gama de servicios amplísimos. De hecho, para la gran empresa, a diferencia de las PYMES, hace tiempo que la política de externalización forma parte de su estrategia empresarial.

                  Es evidente que ante el derrumbe de la demanda, las empresas siguen destruyendo estructura productiva. Pero cuando comience la reconstrucción, lo cual algún día ocurrirá, pensamos que las bases sobre las que se asentará cambiarán por completo. Cuando las empresas vuelvan a crecer, crear pesadas estructuras –que en realidad no son imprescindibles- no será visto como una buena idea. Se externalizarán muchos servicios, y el crecimiento se gestionará de una manera más eficiente y sostenible.

     

 

PRESUPUESTOS 2013 Y CAMBIOS FISCALES

Desde el año 2007, las plusvalías generadas por las variaciones patrimoniales venían tributando  a un tipo único. En los primeros años se estableció un tipo del 18% y en el año 2010 se comenzaron a aplicar tramos: 19% hasta ganancias patrimoniales de 6.000,00 euros y el 21% para ganancias superiores.

            Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con efectos 1 de Enero de este año,  las plusvalías  tributan según unos nuevos tramos, que ya han supuesto un incremento apreciable:

- el 21% (si el incremento ha sido de entre 0 y 6.000,00 euros)

- el 25% (si el incremento ha sido de entre 6.000,01 y 24.000,00 euros)

- el 27% (si el incremento ha sido de mas de 24.000,00 euros)

             Los nuevos presupuestos para el año 2013, que todavía están pendientes de aprobación, anuncian una nueva vuelta de tuerca en la tributación de este tipo de ingresos.  Los tramos siguen vigentes pero se retira de la consideración de rendimientos de ahorro las plusvalías generadas en menos de un año, que tributan al 21%, que pasarán a tributar al tipo marginal del IRPF ( entre el 24% y el 52%).

            El argumento utilizado por el gobierno es el de “ establecer un criterio mas justo en la tributación y penalizar a los “malvados” especuladores que  obtienen sus grandes beneficios sin moverse del asiento”. Tal y como están redactados los presupuestos a día de hoy, el argumento no se sostiene porque le afecte igual al rendimiento de 1.000 € que al de un millón.

            Tal vez usted sea un esforzado contribuyente, que ha reunido unos  ahorros y ha decidido invertir en  acciones o fondos de inversión  porque  desconfía de su banco; puede que no se fíe porque su Banco o Caja de Ahorros ya le ha intentado vender preferentes o deuda subordinada entre otros productos creativos. Si este es su caso, tal vez piense que no le afecta, pero la realidad es justamente la contraria; es precisamente a  usted al que se dirige la reforma.

             Los contribuyentes que en el próximo año se planten vender algún activo financiero como los señalados en este post,  deben asegurarse que haya pasado un año desde que realizaron la compra, y les convendrá tener en cuenta que si el tipo marginal de su declaración de IRPF es un 35% o 40% ese es el impuesto al que tributarán las  ganancias patrimoniales.

            Sin embargo, si usted es uno de los afortunados inversores de una Sicav seguirá pagando el muy razonable tipo impositivo del 1%. Y si sus ahorros están depositados en un Paraíso Fiscal tampoco hay cambios impositivos a la vista, ni consta ninguna imposición de trabas al movimiento de los capitales allí depositados.

LA REFORMA GALLARDÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

La aprobación del Proyecto de Tasas Judiciales, propuesto por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruíz-Gallardón, está a la vuelta de la esquina y se prevé que entre en funcionamiento a partir del comienzo del año 2013. A continuación resumimos los aspectos fundamentales de la reforma.

La primera consecuencia es la imposición generalizada de tasas para el acceso a la Justicia. El nuevo copago judicial puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros. El proyecto revisa las tasas judiciales ampliándose sustancialmente los hechos imponibles y extiende el pago a la interposición de demanda, la presentación de recursos en el orden civil y en el contencioso administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social. Los procedimientos penales no verán incrementados sus costes.

Las nuevas tasas judiciales afectan a todos los ciudadanos, no solo a las personas jurídicas (sociedades mercantiles) como hasta ahora. Y prevé una subida tan abusiva que dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses. De aprobarse la reforma como está, la justicia ya no estará al alcance de todos y contravendrá lo establecido en los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución.

Las nuevas tasas serán de dos tipos: una con carácter fijo, que irán de 100 a 1.200 euros dependiendo del tipo de proceso; y otra con carácter variable, calculada en función de la cuantía del pleito, que va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 euros hasta un máximo de 10.000€.

Nos parece particularmente grave que las PYMES, en el actual entorno de morosidad, cuando pongan un procedimiento monitorio por un impago de cuantía reducida, tengas que pagar unas tasas más altas que el importe a reclamar; sobre todo si tenemos en cuenta que en estos procedimientos el moroso no puede ser condenado a pagar las costas.

Para la Abogacía, esta situación determina "una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva". Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha manifestado que "las tasas de Gallardón son una barrera de acceso a la Justicia". 

EL SANEAMIENTO DE LA BANCA

  

            El viernes pasado la consultora  OLIVER WYMAN determinó que la Banca española precisa 53.745 millones de € de capital.  De esta cantidad, al menos 46.000 millones  irán por cuenta del contribuyente. Se trata de una de las pocas cosas que son seguras en este momento, porque es el oxigeno imprescindible para que las entidades ya intervenidas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia) recuperen las constantes vitales básicas.

            Sin embargo, esta no es la cantidad total que nos va a costar, porque hay que añadir las cantidades ya aportadas:

Caja sur	400 millones
CAM	5.250 millones
BANKIA	11.000 millones
NOVAGALICIA
CATALUNYA CAIXA
B. CIVICA	2.000 millones
CAJA ESPAÑA	1.375 millones
BANCO VALENCIA	1.000 millones

 

            La suma de estas cantidades,  que podemos considerar ya prácticamente perdidas, es de 21.025 millones, de los que 5.000 proceden del Fondo de Garantía de depósitos de la banca. El resto, unos 16.000, han salido de las aportaciones públicas.

            Mención aparte merece el Banco Popular, al que OLIVER WYMAN atribuye una necesidad de capital de 3.223 millones.  Angel  Ron, presidente del Banco, considera que " debilitará a las entidades y añadirá mas confusión", si bien a continuación  convocó al Consejo de Administración con el fin de proponer una ampliación de capital y suprimir el reparto de dividendos; eso sí, con un cabreo importante. La alternativa que tiene no es otra que recurrir a las ayudas públicas.

            Hace cinco años en España había 57 entidades financieras relevantes. Cuando la reestructuración acabe  no quedaran más de diez, y el Estado habrá aportado a éstas no menos de 62.000 millones de €. De esta cantidad puede que recuperemos algo cuando se vendan, pero no nos engañemos, será un porcentaje reducido, por la simple razón de que el capital entregado va destinado a cubrir pérdidas que ya se han producido, estén contabilizadas o no. De eso va precisamente la auditoria.

            Se trata, nada menos, que del 6% del PIB. Por compararlo con una referencia conocida, unas 60 veces lo que nos costó sanear BANESTO en 1.993.  Y aún así,  casi ningún analista piensa que vaya a servir para que vuelva el crédito a corto plazo; ni tampoco está garantizado que vaya a ser suficiente.