La aprobación del Proyecto de Tasas Judiciales, propuesto por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruíz-Gallardón, está a la vuelta de la esquina y se prevé que entre en funcionamiento a partir del comienzo del año 2013. A continuación resumimos los aspectos fundamentales de la reforma.
La primera consecuencia es la imposición generalizada de tasas para el acceso a la Justicia. El nuevo copago judicial puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros. El proyecto revisa las tasas judiciales ampliándose sustancialmente los hechos imponibles y extiende el pago a la interposición de demanda, la presentación de recursos en el orden civil y en el contencioso administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social. Los procedimientos penales no verán incrementados sus costes.
Las nuevas tasas judiciales afectan a todos los ciudadanos, no solo a las personas jurídicas (sociedades mercantiles) como hasta ahora. Y prevé una subida tan abusiva que dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses. De aprobarse la reforma como está, la justicia ya no estará al alcance de todos y contravendrá lo establecido en los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución.
Las nuevas tasas serán de dos tipos: una con carácter fijo, que irán de 100 a 1.200 euros dependiendo del tipo de proceso; y otra con carácter variable, calculada en función de la cuantía del pleito, que va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 euros hasta un máximo de 10.000€.
Nos parece particularmente grave que las PYMES, en el actual entorno de morosidad, cuando pongan un procedimiento monitorio por un impago de cuantía reducida, tengas que pagar unas tasas más altas que el importe a reclamar; sobre todo si tenemos en cuenta que en estos procedimientos el moroso no puede ser condenado a pagar las costas.
Para la Abogacía, esta situación determina "una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva". Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha manifestado que "las tasas de Gallardón son una barrera de acceso a la Justicia".
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