Las noticias sobre la
Justicia son cada vez más inquietantes. Después de que la entrada en vigor de
la Ley de Tasas impida el acceso a la
Justicia de muchos ciudadanos, el Ministerio de Justicia prepara nuevas y
preocupantes reformas.
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El Gobierno está trabajando
en la idea de modificar el Registro Civil, privando de sus competencias en esta
materia a los Jueces con la loable motivación de que éstos puedan dedicarse a
su misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
El problema es ¿a quién
se encomienda la competencia? En
diciembre de 2012 se conoció un borrador
de anteproyecto que preveía su traslado a los registradores mediante la
aplicación de aranceles. Ha habido negociaciones con el Colegio de
Registradores de la Propiedad pero no se ha alcanzado ningún acuerdo porque el
tema de su financiación es un escollo,
ya que, por ahora, el servicio es
gratuito y los Ciudadanos
no pagamos por sus trámites.
Sin embargo, esta idea
se ha truncado y el Ministerio analiza ahora otros
colectivos a los que entregar el Registro Civil que tiene un
funcionamiento propio del siglo XIX con
firma manual, libros de familia rellenados a mano, y sin sistema alguno de
gestión procesal central, salvo los creados en los los propios
juzgados.
Está bien que la Tesorería
o la Agencia Tributaria, estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías para
procurar una recaudación eficaz pero la
Justicia debe pasar directamente del
siglo XIX al siglo XXI, porque una Justicia lenta , cara y que no
funciona no es propia de un país
democrático.
El 31 de octubre de 2013
el Ministro de Justicia decidió elevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto
de Ley de Jurisdicción Voluntaria que otorgará a notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles la mayoría de los asuntos de jurisdicción voluntaria que
actualmente conocen los juzgados y tribunales.
El Ejecutivo, con la
excusa de que los jueces se dediquen a su función constitucional de “juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado” otorga a
estos profesionales, en régimen de exclusividad,
sustrayendo del ámbito de la
Administración de Justicia materias
tales como las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores
comunes y creando un procedimiento monitorio notarial para la reclamación de
deudas líquidas, vencidas y exigibles.
No tiene ningún
fundamento sustraer dichas materias de la acción de la Justicia, salvo que se
busque incrementar el volumen de negocio de notarios y registradores, trasladando el coste económico de dicho
servicio a los ciudadanos, quienes deberán abonar los aranceles que se
establezcan y más cuando ya en el 2008 , la Comisión Europea criticó el modelo
español de notarios y registradores reclamando la liberalización del sector.
No es la privatización
de la Justicia, ni los atajos de la baja política, lo que la va a hacer más
justa y accesible a los Ciudadanos, sino
una verdadera voluntad política de modernizarla y ubicarla en el
siglo XXI.
