En España, hasta el 23 de Diciembre del 2.010, las personas jurídicas no podían ser responsables penalmente, a diferencia de los países anglosajones en los que imperaba el principio legal de que las sociedades sí pueden delinquir. Con la reforma del Código Penal español, que entró en vigor el 23 de Diciembre del 2.010, ( LO 5/2010) el legislador reconoce expresamente la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en un nuevo artículo 31 bis del Código Penal que dice textualmente:
“las personas jurídicas serán responsables penalmente de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”
La consecuencia fundamental es que las empresas organizadas mediante sociedades mercantiles pueden responder de la comisión de delitos, pero es necesario que una persona física cometa el delito. La responsabilidad de la persona física es independiente de la de la persona jurídica, y pueden coexistir ambas.
Hay que decir que la responsabilidad en estos supuestos se limita a determinados delitos, estableciendo una lista cerrada al efecto. La pena fundamental es la multa ya que lo que la ley trata es que, ante la comisión de un delito por una persona, si hay una sociedad que haya obtenido provecho del mismo, ésta responda patrimonialmente.
Tradicionalmente los sistemas continentales (civil law) optaban por la impunidad de las personas jurídicas. El reconocimiento de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas nos acerca a lo que ya existe en la mayoría de países europeos.
Reconocen RP personas jurídicas
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No reconocen RP personas jurídicas
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- Reino Unido – Irlanda
- Francia – Polonia
- Austria - Portugal
- Bélgica – Suiza
- Finlandia – Suecia
- Holanda - Noruega
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- Alemania
- Italia
- Grecia
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