PRESUPUESTOS 2013 Y CAMBIOS FISCALES

Desde el año 2007, las plusvalías generadas por las variaciones patrimoniales venían tributando  a un tipo único. En los primeros años se estableció un tipo del 18% y en el año 2010 se comenzaron a aplicar tramos: 19% hasta ganancias patrimoniales de 6.000,00 euros y el 21% para ganancias superiores.

            Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con efectos 1 de Enero de este año,  las plusvalías  tributan según unos nuevos tramos, que ya han supuesto un incremento apreciable:

- el 21% (si el incremento ha sido de entre 0 y 6.000,00 euros)

- el 25% (si el incremento ha sido de entre 6.000,01 y 24.000,00 euros)

- el 27% (si el incremento ha sido de mas de 24.000,00 euros)

             Los nuevos presupuestos para el año 2013, que todavía están pendientes de aprobación, anuncian una nueva vuelta de tuerca en la tributación de este tipo de ingresos.  Los tramos siguen vigentes pero se retira de la consideración de rendimientos de ahorro las plusvalías generadas en menos de un año, que tributan al 21%, que pasarán a tributar al tipo marginal del IRPF ( entre el 24% y el 52%).

            El argumento utilizado por el gobierno es el de “ establecer un criterio mas justo en la tributación y penalizar a los “malvados” especuladores que  obtienen sus grandes beneficios sin moverse del asiento”. Tal y como están redactados los presupuestos a día de hoy, el argumento no se sostiene porque le afecte igual al rendimiento de 1.000 € que al de un millón.

            Tal vez usted sea un esforzado contribuyente, que ha reunido unos  ahorros y ha decidido invertir en  acciones o fondos de inversión  porque  desconfía de su banco; puede que no se fíe porque su Banco o Caja de Ahorros ya le ha intentado vender preferentes o deuda subordinada entre otros productos creativos. Si este es su caso, tal vez piense que no le afecta, pero la realidad es justamente la contraria; es precisamente a  usted al que se dirige la reforma.

             Los contribuyentes que en el próximo año se planten vender algún activo financiero como los señalados en este post,  deben asegurarse que haya pasado un año desde que realizaron la compra, y les convendrá tener en cuenta que si el tipo marginal de su declaración de IRPF es un 35% o 40% ese es el impuesto al que tributarán las  ganancias patrimoniales.

            Sin embargo, si usted es uno de los afortunados inversores de una Sicav seguirá pagando el muy razonable tipo impositivo del 1%. Y si sus ahorros están depositados en un Paraíso Fiscal tampoco hay cambios impositivos a la vista, ni consta ninguna imposición de trabas al movimiento de los capitales allí depositados.

LA REFORMA GALLARDÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

La aprobación del Proyecto de Tasas Judiciales, propuesto por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruíz-Gallardón, está a la vuelta de la esquina y se prevé que entre en funcionamiento a partir del comienzo del año 2013. A continuación resumimos los aspectos fundamentales de la reforma.

La primera consecuencia es la imposición generalizada de tasas para el acceso a la Justicia. El nuevo copago judicial puede encarecer un proceso medio en unos 3.000 euros. El proyecto revisa las tasas judiciales ampliándose sustancialmente los hechos imponibles y extiende el pago a la interposición de demanda, la presentación de recursos en el orden civil y en el contencioso administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social. Los procedimientos penales no verán incrementados sus costes.

Las nuevas tasas judiciales afectan a todos los ciudadanos, no solo a las personas jurídicas (sociedades mercantiles) como hasta ahora. Y prevé una subida tan abusiva que dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses. De aprobarse la reforma como está, la justicia ya no estará al alcance de todos y contravendrá lo establecido en los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución.

Las nuevas tasas serán de dos tipos: una con carácter fijo, que irán de 100 a 1.200 euros dependiendo del tipo de proceso; y otra con carácter variable, calculada en función de la cuantía del pleito, que va desde el 0,5% para importes menores de 1.000.000 euros hasta un máximo de 10.000€.

Nos parece particularmente grave que las PYMES, en el actual entorno de morosidad, cuando pongan un procedimiento monitorio por un impago de cuantía reducida, tengas que pagar unas tasas más altas que el importe a reclamar; sobre todo si tenemos en cuenta que en estos procedimientos el moroso no puede ser condenado a pagar las costas.

Para la Abogacía, esta situación determina "una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva". Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha manifestado que "las tasas de Gallardón son una barrera de acceso a la Justicia". 

EL SANEAMIENTO DE LA BANCA

  

            El viernes pasado la consultora  OLIVER WYMAN determinó que la Banca española precisa 53.745 millones de € de capital.  De esta cantidad, al menos 46.000 millones  irán por cuenta del contribuyente. Se trata de una de las pocas cosas que son seguras en este momento, porque es el oxigeno imprescindible para que las entidades ya intervenidas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia) recuperen las constantes vitales básicas.

            Sin embargo, esta no es la cantidad total que nos va a costar, porque hay que añadir las cantidades ya aportadas:

Caja sur	400 millones
CAM	5.250 millones
BANKIA	11.000 millones
NOVAGALICIA
CATALUNYA CAIXA
B. CIVICA	2.000 millones
CAJA ESPAÑA	1.375 millones
BANCO VALENCIA	1.000 millones

 

            La suma de estas cantidades,  que podemos considerar ya prácticamente perdidas, es de 21.025 millones, de los que 5.000 proceden del Fondo de Garantía de depósitos de la banca. El resto, unos 16.000, han salido de las aportaciones públicas.

            Mención aparte merece el Banco Popular, al que OLIVER WYMAN atribuye una necesidad de capital de 3.223 millones.  Angel  Ron, presidente del Banco, considera que " debilitará a las entidades y añadirá mas confusión", si bien a continuación  convocó al Consejo de Administración con el fin de proponer una ampliación de capital y suprimir el reparto de dividendos; eso sí, con un cabreo importante. La alternativa que tiene no es otra que recurrir a las ayudas públicas.

            Hace cinco años en España había 57 entidades financieras relevantes. Cuando la reestructuración acabe  no quedaran más de diez, y el Estado habrá aportado a éstas no menos de 62.000 millones de €. De esta cantidad puede que recuperemos algo cuando se vendan, pero no nos engañemos, será un porcentaje reducido, por la simple razón de que el capital entregado va destinado a cubrir pérdidas que ya se han producido, estén contabilizadas o no. De eso va precisamente la auditoria.

            Se trata, nada menos, que del 6% del PIB. Por compararlo con una referencia conocida, unas 60 veces lo que nos costó sanear BANESTO en 1.993.  Y aún así,  casi ningún analista piensa que vaya a servir para que vuelva el crédito a corto plazo; ni tampoco está garantizado que vaya a ser suficiente.

¿PUEDEN COMETER DELITOS LAS SOCIEDADES MERCANTILES?

En España, hasta el 23 de Diciembre del 2.010, las personas jurídicas no podían ser responsables penalmente, a diferencia de los países anglosajones en los que imperaba el principio legal de que las sociedades sí pueden delinquir. Con la reforma del Código Penal español, que entró en vigor el 23 de Diciembre del 2.010, ( LO 5/2010) el legislador reconoce expresamente la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en un nuevo artículo 31 bis del Código Penal que dice textualmente:

“las personas jurídicas serán responsables penalmente de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”

La consecuencia fundamental es que las empresas organizadas mediante sociedades mercantiles pueden responder de la comisión de delitos, pero es necesario que una persona física cometa el delito. La responsabilidad de la persona física es independiente de la de la persona jurídica, y pueden coexistir ambas.

Hay que decir que la responsabilidad en estos supuestos se limita a determinados delitos, estableciendo una lista cerrada al efecto. La pena fundamental es la multa ya que lo que la ley trata es que, ante la comisión de un delito por una persona, si hay una sociedad que haya obtenido provecho del mismo, ésta responda patrimonialmente.

Tradicionalmente los sistemas continentales (civil law) optaban por la impunidad de las personas jurídicas. El reconocimiento de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas nos acerca a lo que ya existe en la mayoría de países europeos.

Reconocen RP personas jurídicas	No reconocen RP personas jurídicas
-        Reino Unido – Irlanda -        Francia – Polonia -        Austria - Portugal -        Bélgica – Suiza -        Finlandia – Suecia -        Holanda - Noruega	-        Alemania -        Italia -        Grecia

CONSTRUCCIÓN Y EMPLEO

En cuatro años España ha perdido más de 2.800.000 empleos, pero no ha afectado a todos los sectores por igual. Mientras en agricultura se han perdido poco más de 55.000 empleos, la actividad de construcción ha destruido nada menos que  1,5 millones de puestos de trabajo.

La explosión de la burbuja inmobiliaria ha provocado un tsunami financiero y económico tan grande que parece imposible que la construcción vuelva a ser nada parecido a lo que fue. Así que podemos dar por sentado que del millón y medio de trabajadores desempleados en el sector,  entre 700.000 y 800.000 no volverán a tener, durante mucho tiempo, empleo estable en su anterior oficio. Cierto es que algún día el sector volverá a crear empleo, pero en un volumen similar al de nuestros vecinos, y con un peso importante en rehabilitación.  Dicho claramente, España nunca volverá a dar empleo a 2,8 millones de trabajadores en el sector de construcción.

Ante este panorama, lo razonable seria esperar que el INEM respectivo de cada autonomía estuviera reciclando aceleradamente a estas personas, preparándolas para poder ser empleadas en otro oficio cuando la economía cree empleo. Se supone que para eso están las llamadas políticas activas de empleo, y específicamente los cursos de formación para desempleados. Pues no, lo que sucede es mas bien todo lo contrario. Para este ejercicio 2012 el presupuesto para estas políticas ha descendido un 21,2%,  y específicamente el de formación  lo ha hecho un  34%.

Resulta escandaloso que solo uno de cada siete desempleados realice algún  curso de formación. Las causas son varias, pero una de las más relevantes es que no hay presupuesto disponible. Un gran error, porque  cuando la economía sea capaz de crear empleo, cosa que algún día ocurrirá, nos encontraremos con que tenemos varios cientos de miles de trabajadores con escasa o nula empleabilidad.

¿CUÁNDO VAMOS A SALIR DE ESTA?

Llevamos dos años combatiendo al enemigo equivocado. El gobierno español -tanto el actual como el anterior - libra una batalla radical contra el déficit, lo cual es inevitable, cuando nuestros problemas reales son la enorme deuda privada y la recesión. Los responsables son conocidos; las entidades financieras que tomaron decisiones equivocadas en la concesión de prestamos, y el Banco de España y los sucesivos gobiernos que no lo impidieron. Con datos del 2011, la deuda privada era del 300% del PIB y la publica del 70%. Sumados ambos, una barbaridad.

Si en una economía todos los agentes deciden a la vez gastar menos de lo que ingresan, no hay nada que pueda evitar una profunda depresión, que es, precisamente, lo que esta ocurriendo. El sector privado ha pasado de tener un déficit del 11'5 % en el 2007 a un superávit de mas de un 5% en el 2010 y en el 2011; y el sector publico tiene como objetivo reducir el déficit del 9'3% al 6,3% en un solo año. El ajuste fiscal es imprescindible y  tenemos que adaptar nuestra estructura administrativa a la  realidad post-burbuja,  pero la manera y el ritmo al que se está haciendo es sencillamente suicida.

Humildemente, creemos que en esta crisis se está actuando en función de premisas ideológicas que la realidad no corrobora. La historia económica nos dice que de ninguna de las grandes crisis de endeudamiento se ha salido con una reducción drástica del gasto publico y escasa inflación, que es la receta impuesta por Alemania.

Esta es una historia entre acreedores y deudores. La política de Bruselas y Berlín consiste en hacer lo imprescindible para que el Euro no se rompa, y forzar a los países deudores a que recortemos gastos e inversiones con el fin de poder pagar nuestras deudas. Es la lógica de la aritmética a corto plazo, que olvida que nuestra burbuja se financio con dinero alemán y francés principalmente. De modo que Alemania y Francia también cometieron errores; el principal, prestar a las entidades financieras españolas, alimentando una burbuja que algún día iba a pinchar.

Si el objetivo es resolver el problema financiero, puede que funcione a medio plazo,  alargando las penurias para empresas y familias  5 o 6 años más. Pero si lo que queremos es salir de la recesión y crear empleo no va a funcionar, porque se trata de una política equivocada y porque hoy sabemos que no ha dado resultado en ninguno de los países en los que se ha intentado. En este sentido, los últimos datos de las CCAA son ilustrativos; Castilla la Mancha ha reducido el déficit 3 puntos y el empleo cae un 8%, 3 puntos mas que en el resto de España.

            Si vamos a pedir el rescate, solo nos queda confiar en la remota posibilidad de que haya algo de vida inteligente y  que el memorándum hable mucho más de crecimiento y reparto de los costes que de condicionalidades;  porque sin  crecimiento  ningún ajuste hará que nuestro país pueda pagar sus deudas.